DERECHO A LA INTIMIDAD

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DERECHO A LA INTIMIDAD

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

Recientemente nuestro Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en la que se consideró como una intromisión ilegítima en la intimidad, la colocación de dos cámaras de seguridad no aptas para grabar (se trataba de meras imitaciones) que se encontraban enfocadas a un camino a través del cual accedían los vecinos de la vivienda contigua. El Alto Tribunal considera que dada su orientación y apariencia externa, similar a la de una cámara real, podía dar lugar a que los vecinos creyesen que podían ser observados no solo al entrar y salir de su finca, sino también cuando se encontraban en el interior de la misma, lo que es considerado por el Tribunal como suficiente para considerar vulnerado el derecho fundamental a la intimidad de los ocupantes de la vivienda; afirmando el Alto Tribunal, que el derecho a la intimidad comprende también el de no tener que soportar una incertidumbre permanente sobre si la cámara de vigilancia orientada hacia su vivienda, es apta o no para grabar imágenes; considerando que la colación de las cámaras orientadas a la vivienda del vecino no constituye un actividad inocua, sino innecesaria y objetivamente perturbadora, al entender que el derecho constitucional de preservar la seguridad mediante cámaras de vigilancia, podría lograrse con la única precaución de asegurarse antes de su instalación, de que no se estaba comprometiendo la intimidad de terceros. Lo relevante por tanto no es que las cámaras puedan grabar, sino que el otro se pueda sentir perturbado al considerar que puede ser grabado.

JUZGADO Y REGISTRO

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JUZGADO Y REGISTRO

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

Cualquier profano podría pensar que las relaciones entre Juzgado y Registro, dos pilares básicos de nuestra sociedad, son fluidas y están exentas de cualquier tipo de conflicto. Son muchas las resoluciones judiciales que acceden al Registro: el decreto de adjudicación en subasta de un inmueble, el mandamiento acordando la anotación de un embargo; o el mismo mandamiento acordando su cancelación. Pero los que de una u otra forma nos dedicamos a esto sabemos, que estas relaciones no son tan fluidas como debieran, y que con cierta frecuencia surgen fricciones entre ambas instituciones, negándose los registradores a inscribir documentos judiciales por considerar, con fundamento en la docta opinión de la Dirección General de los Registros y Notariados, que los referidos documentos adolecen de defectos que impiden su inscripción. Y uno podría preguntarse cómo es posible que un documento salido del Juzgado, una resolución judicial dictada por un Juez, o un decreto dictado por un Letrado de la Administración de Justica, puedan tener defectos que impidan su acceso al Registro. El problema es de tal magnitud que el legislador tuvo que prever un mecanismo para resolver este tipo de contiendas jurídicas, y en estos casos, cuando un registrador dicta una nota de calificación negativa, cabe la posibilidad de recurrirla ante la propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, o de impugnarla ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia en la que esté situado el inmueble. No deja de ser curioso que un Juez tenga que salir al rescate de otro juez, verdad José.

OTRA RESOLUCIÓN DE ALCANCE

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OTRA RESOLUCIÓN DE ALCANCE

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

Mientras unos pocos dice “good bye”, el resto de los mortales tenemos que seguir mirando a las instituciones europeas por la transcendencia y alcance de sus decisiones, y a veces con asombro y cierta perplejidad. Acabamos de saber que el Abogado General del TJUE, acaba de emitir sus conclusiones, precisamente sobre un caso español, en las que propone al Tribunal que dicte una sentencia en la que declare la validez de los acuerdos alcanzados entre un profesional (entidad financiera) y un consumidor, que tengan por objeto modificar una cláusula anterior sobre la que existan dudas sobre su carácter abusivo, confirmando su validez, y renunciado al ejercicio de acciones judiciales; eso sí, como dice el Abogado General del TJUE siempre que medie el consentimiento libre e informado del consumidor. Ejemplo: tengo una clausula suelo al 3,5 %, acuerdo con el banco bajarla al 2%, y renuncio al ejercicio de acciones judiciales frente al banco. En sus conclusiones el Abogado General afirma que el Juez, por la posición de desigualdad entre la entidad financiera y el consumidor debe de tener una posición proactiva y velar que esa renuncia ha sido libremente aceptada por el consumidor, y que éste ha renunciado a sus derechos sabiendo a lo que estaba renunciando; porque por ejemplo, el banco le indico el importe exacto del dinero que le tenían que devolver, y a sabiendas de ello decidió aceptar; en definitiva, el Juez deberá de comprobar que las cláusulas de este segundo contrato modificativo del anterior fueron individualmente negociadas. Me da la sensación de que volvemos a la casilla de salida.

UNA REFORMA IMPORTANTE

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UNA REFORMA IMPORTANTE

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

El domingo pasado, al tratar el tema de la reparación de los elementos comunes, me referí al hecho de que se había reducido el plazo para el ejercicio de la acción, que había pasado de quince años a cinco años. La cuestión a priori puede parecer excesivamente técnica, pero por su transcendencia práctica bien merece que le dediquemos algunos caracteres. En su redacción anterior disponía el artículo 1964 del Cc, que las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción lo harán a los quince años; ahora, tras la reforma llevada a cabo por Ley 42/2015, de 5 de octubre, este plazo se ha reducido sustancialmente pasando a ser de cinco años. Ejemplos de acciones personales que no tengan señalado plazo especial hay muchos, es más, yo diría que hay muchas más acciones personales que no tienen plazo señalado que las que lo tienen. La acción para exigir el cumplimiento de un contrato, la acción para exigir el pago del precio en una compraventa, o la acción para exigir la devolución del dinero prestado, todas ellas son acciones personales que no tienen señalado plazo especial. La reforma entró en vigor el pasado 6 de octubre de 2015, fecha de su publicación en el BOE, así lo dice la propia norma, por lo que respecto de éstas, de las nacidas con posterioridad a la entrada en vigor de la noma, no hay duda. Si yo le vendí un coche a mi amigo Mariano el 7 de octubre de 2015, tengo cinco años para reclamarle el precio. Pero qué ocurre para las acciones nacidas antes de la entrada en vigor, qué plazo se aplica, la respuesta tendrá que esperar una semana.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR

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OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, introdujo una nueva disposición adicional en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la decimoctava, por la que se establecía la obligación de informar sobre las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero. Las normas de desarrollo de esta nueva obligación se encuentran en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Según la indicada normativa, esta obligación alcanza a las persona físicas y jurídicas residentes en el territorio español, y a los establecimientos permanentes de personas, físicas o jurídicas, no residentes, que figuren como titulares, representantes, autorizados o beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de disposición; obligación de información que tiene, entre otras, dos importantes excepciones: la primera, que ni el saldo conjunto, ni los saldos medios de estas cuentas hayan superado los 50.000 euros; y la segunda, que dichas cuentas no estén registradas en la contabilidad de su titulares de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas; si lo estuvieran no sería necesario informar sobre las mismas. Esta obligación de información está en vigor desde el 1 de enero de 2013. Gracias a Miguel por ayudarme a mantenerme alerta.

LA BANCA SIEMPRE GANA

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LA BANCA SIEMPRE GANA

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

A todas aquellos agraciados por la diosa fortuna, que no se le olvide que los premios de la lotería están sujeto al Impuesto sobre la Renta de no residentes mediante un gravamen especial. Este gravamen alcanza a las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como a los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE). La cuantía exenta en los premios que se celebren en 2019 ha sido de 20.000 euros (en 2018 era de 10.000 euros); cuantía que a partir del 1 de enero de 2020 se eleva a los 40.000 euros, por lo que el próximo sorteo de “El Niño” si cabe, tiene otro aliciente añadido, la menor fiscalidad respecto del sorteo de Navidad que todavía algunos, los elegidos, siguen celebrando. Los premios superiores a estas cuantías tributan respecto de la parte de los mismos que excedan de la cuantía exenta. En el caso del gordo del sorteo de Navidad, la base imponible sería 380.000 euros, a la que se aplicaría el tipo impositivo del 20% por lo que la cuota tributaria sería de 76.000 euros por décimo. En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda. Si el décimo premiado es de dos, cada uno tendrá un mínimo exento de 10.000 euros. A la vista de lo que acabamos de exponer, queda claro quién es el que siempre gana, en este caso la “banca” es la Hacienda Pública. Feliz Navidad a todos.

EL DIA DE LA SALUD

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EL DIA DE LA SALUD

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

Es muy frecuente, especialmente en sorteos como el de hoy, que varios familiares o amigos decidan comprar un décimo y compartirlo, y como es normal, el boleto en cuestión quede en poder de uno de ellos a la espera del sorteo. A veces la suerte se puede convertir en desgracia. Son relativamente frecuentes los casos en los que conocida la noticia del que el décimo ha sido agraciado, el custodio del décimo premiado hace caso omiso del acuerdo verbal, y decide cobrar él solo el décimo compartido. La cuestión tiene transcendencia penal, y en ocasiones ha llegado incluso a nuestro Tribunal Supremo, quien ha calificado esta conducta como constitutiva de un delito de apropiación indebida. Ha afirmado nuestro Alto Tribunal que en el delito de apropiación indebida, la consumación del delito se produce en el momento en el que sujeto hace propio (o tiene la posibilidad de hacerlo), lo que debía de haber compartido con otros, no siendo ni siquiera necesario que el portador del décimo premiado ingrese en su propia cuenta bancaria el dinero proveniente del décimo premiado para que se considera el delito consumado, basta por ejemplo con que lo ingrese en una caja de seguridad del banco aun sin cobrarlo. Que haya o no un acuerdo verbal para el reparto del décimo, y con él del posible premio que se obtenga, es una cuestión de prueba que deberá de acreditarse en el procedimiento judicial que se siga. El delito de apropiación indebida, en los casos más graves, puede llevar a castigarse con una pena de hasta 6 años. Muchas suerte a todos, y si no, salud que no falte.

ALCOHOLEMIA Y SEGURO

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ALCOHOLEMIA Y SEGURO

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

Recientemente la Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una sentencia por la que desestima el recurso de apelación interpuesto por una compañía aseguradora contra un asegurado a quien le reclamaba, vía repetición, el abono de la indemnización que el seguro había tenido que abonar a la víctima de un accidente en el que el conductor, causante del siniestro, se encontraba bajo los efectos del alcohol. El Tribunal Supremo tiene reconocido a este respecto, que en el caso del seguro voluntario, a diferencia de lo que ocurre con el seguro obligatorio, las cláusulas que excluyen en la póliza los accidentes producidos en estado de embriaguez deben de considerarse limitativas de los derechos de los asegurados, debiendo ser expresamente aceptadas por los mismos, destacándose de forma clara y precisa, todo ello con la finalidad de que el asegurado tenga un conocimiento exacto del riesgo cubierto, por lo que la firma del tomador del seguro no solo debe de figurar en las condiciones generales (contrato general), sino también en las condiciones particulares, que es el documento en el que deben de aparecer las clausulas limitativas de los derechos, como lo es la de no dar cobertura a los daños causados por un accidente cuando el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol. En el caso enjuiciado por la citada Audiencia, la exclusión de conducir bebido se encontraba en las condiciones generales, junto a otras cláusulas de exclusión de diversa naturaleza y contenido, de modo que no podían distinguirse de forma correcta. Gracias a Eduardo por su consulta.

REGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA

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RÉGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

Un lector, de profesión agricultor, acogido al Régimen Especial de Agricultura, tanto en IRPF como en IVA, dedicado preferentemente al cultivo del cereal de secano, que además es titular de una pequeña explotación trufera, me pregunta si con relación a la trufa, la forma de proceder en la venta es la misma que en el cereal; en concreto quiere saber si el establecimiento al que le venda el preciado hongo le tiene que emitir un recibo con el 12% de IVA, y una retención del 2%. Los empresarios o profesionales no están obligados a expedir factura por las operaciones realizadas en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al régimen especial de la agricultura, salvo por las entregas de inmuebles; por tanto al vender las trufas al establecimiento hay que informarle de esta circunstancia, y el restaurante deberá hacer lo mismo que hace el comprador del cereal, es decir, deberá emitir un recibo acreditativo del pago de la compensación, con un IVA del 12% y una retención del 2%. Es muy importante que en ese documento se haga constar que el agricultor que vende las trufas se encuentra acogido al régimen especial de agricultura, y también es muy importante que ese recibo esté firmado por el agricultor que recibe el pago. Tanto comprador como vendedor deberán conservar copia de los recibos acreditativos del pago de la compensación durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria. Si este sistema le parece muy raro al restaurante, que no estará acostumbrado a emitir ese tipo de recibos, se le puede invitar a que se asesore convenientemente.

 

LA LEY DEL JURADO

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LA LEY DEL JURADO

Francisco Moreno Andrés (www.franciscomorenoabogado.es)

Más propia de otros sistemas judiciales, me refiero al sistema anglosajón o de “Common law”, la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, ha restaurado en España la institución del Tribunal del Jurado; institución que con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica, había estado en vigor en el periodo comprendido entre 1820 y 1936, fecha en la que fue suspendida. El fundamento constitucional de la institución se encuentra en el artículo 125 de nuestra vigente Carta Magna, en el que se establece que los ciudadanos podrán participar en la administración de Justicia mediante la institución del Jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Con anterioridad a la Constitución de 1978, se previó en las de 1812 (de Cádiz) 1837, 1869 y 1931. Con ella se satisfacen dos principios constituciones: el de participación de los ciudadanos, y el del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. En palabras de la propia norma, así se reconoce en la Exposición de Motivos, no se trata de instaurar una Justicia alternativa en paralelo, y menos aún en contradicción a la de los Jueces y Magistrados de carrera a que se refiere el artículo 122 de la Constitución, sino de establecer unas normas procedimentales que satisfagan al mismo tiempo y en paralelo todas las exigencias de los procesos penales con el derecho-deber de los ciudadanos a participar directamente en la función constitucional de juzgar. Sin embargo, por unos u otros motivos una institución que al mínimo vaivén, siempre acaba atacada.